El pasado 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad estableció mediante real decreto que todos los edificios públicos y/o privados, así como los espacios públicos debían ser accesibles antes de diciembre de 2017.
El motivo fue el de considerar que:
"Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión."
